La Cámara de Diputados de Argentina sesionará este jueves para debatir la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que el oficialismo busca convertir en ley antes de marzo. La votación se dará en un clima de máxima tensión política y sindical, con un paro general convocado para la misma jornada.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país que agrupa a la mayoría de los gremios del sector privado, anunció una huelga nacional de 24 horas en rechazo al proyecto. La medida será sin movilización oficial, pero con adhesión masiva de sindicatos del transporte, la industria y el sector público, lo que anticipa una paralización significativa de la actividad económica.
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— C5N (@C5N) February 19, 2026
Los gremios ferroviarios, de colectivos, subterráneos y aeronáuticos confirmaron su participación, por lo que podrían verse afectados vuelos nacionales e internacionales, además del transporte urbano y de larga distancia. También se sumarán camioneros, trabajadores industriales, estatales, docentes y personal de salud, ampliando el impacto del paro en servicios públicos y privados.
Una ley regresiva en términos de derechos
La convocatoria sindical ocurre en respuesta a una reforma que introduce cambios profundos en las condiciones laborales. Entre los puntos más controvertidos figuran la reducción de indemnizaciones por despido, las modificaciones en el régimen de vacaciones, la creación de un sistema de 'banco de horas' que reemplaza el pago de horas extra y la ampliación de la jornada diaria de hasta 12 horas, dentro del límite semanal vigente.
Otro aspecto polémico es la limitación del derecho a huelga mediante la ampliación de los sectores considerados esenciales —como transporte, telecomunicaciones y servicios portuarios— que deberán mantener prestaciones mínimas obligatorias. Además, el proyecto establece sanciones más severas para bloqueos sindicales y exige autorización patronal para realizar asambleas laborales durante la jornada.
La mayor controversia política se generó por un artículo que reduce el salario durante licencias médicas por enfermedades o accidentes no laborales, con pagos que podrían bajar al 75 % o incluso al 50 % del sueldo en determinados casos. El Gobierno prometió revisar ese punto tras las críticas públicas, y finalmente aceptó darlo de baja, informó el miércoles La Nación.
Objetivo primordial del Gobierno
El oficialismo confía en contar con los votos necesarios en Diputados, gracias al respaldo de bloques aliados, aunque sectores sindicales intentan introducir modificaciones que obligarían a devolver el proyecto al Senado y retrasar su aprobación. Para el presidente Milei, la sanción de la reforma es una prioridad política, ya que pretende presentarla como uno de los principales logros de su gestión en el discurso de apertura del Congreso del 1 de marzo.
Mientras tanto, sectores sindicales más combativos y organizaciones sociales convocaron movilizaciones frente al Congreso, pese a que la CGT optó formalmente por una huelga sin marchas, reportó TN. La combinación de protesta callejera, paro del transporte y debate legislativo configura un escenario de fuerte conflictividad social en una de las economías más grandes de América Latina.
El resultado de la sesión podría marcar un punto de inflexión en el modelo laboral argentino, históricamente caracterizado por altos niveles de protección al trabajador en comparación con otros países de la región, y definir el tono del conflicto político y sindical en los próximos meses.
