La 'influencer' y abogada brasileña Deolane Bezerra fue señalada por la Justicia de Sao Paolo como pieza clave en una trama de lavado de dinero ligada al grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC), que presuntamente planeaba expandir sus operaciones financieras hacia Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. La investigación sostiene que el objetivo era trasladar activos del grupo a fondos y sociedades en ese país, reportó este jueves G1.
Según la decisión judicial que aceptó la denuncia del Ministerio Público y convirtió a Bezerra en acusada formal, la organización buscaba reestructurar empresas vinculadas al PCC para transferir patrimonio al exterior. El fallo sostiene que Emiratos Árabes Unidos fue elegido porque es un país asociado al uso de empresas pantalla y otras herramientas utilizadas para ocultar el origen del dinero.
Los investigadores afirman que la 'influencer' movió cerca de 27 millones de reales (unos 5,2 millones de dólares) en sus cuentas bancarias y que detectaron maniobras típicas de lavado de dinero, entre ellas la fragmentación de depósitos, el uso de testaferros y supuestas inconsistencias fiscales. Además, la acusación sostiene que recibió dinero de una empresa de transporte controlada por miembros del PCC.
Embargo y detención
La causa también involucra a Marcos Willians Herbas Camacho, alias 'Marcola' y considerado el principal líder de la organización criminal, así como a otros integrantes de su entorno familiar y financiero. De acuerdo con la investigación, uno de los operadores del grupo era el encargado de coordinar los envíos de dinero hacia las cuentas de Bezerra.
Los expedientes incluyen audios atribuidos a la 'influencer', que, según la Fiscalía, indicarían que parte del dinero vinculado al PCC era guardado en propiedades a nombre de ella y de sus hijos. Como medida cautelar, la Justicia ordenó el embargo de varios bienes de lujo, entre ellos un Lamborghini Huracán, un Mercedes-Benz AMG G63 y un Cadillac Escalade.
Bezerra permanece detenida preventivamente desde el 21 de mayo en el municipio de Tupi Paulista. Sus abogados rechazaron las acusaciones y aseguraron en un comunicado que la 'influencer' no tiene "ningún vínculo con el crimen organizado", y que todos sus ingresos tienen un origen lícito y debidamente declarado.
