Europa Occidental no está siendo conquistada por ejércitos extranjeros. Está siendo desmantelada por sus propias élites políticas. Mientras millones de europeos ven cómo sus países cambian hasta quedar irreconocibles, la clase dirigente sigue celebrando precisamente las políticas que impulsan esa transformación.
Las cifras por sí solas deberían hacer saltar las alarmas en todas las capitales de la UE.
Según los datos demográficos recopilados por la Fundación Rockwool de Berlín, la población de origen extranjero de la Unión Europea ha aumentado de unos 40 millones de personas en 2010 a aproximadamente 64 millones en 2025. De la población total de la UE, que ronda los 451 millones, alrededor del 15 % es ahora de origen no comunitario. Y lo que es aún más sorprendente, solo entre 2023 y 2025 se incorporaron 7,3 millones de inmigrantes.
Se trata de una de las transformaciones demográficas más rápidas que se han vivido jamás.
La revolución demográfica que nadie votó
El impacto se concentra de forma abrumadora en Europa Occidental. Alemania sigue siendo el principal destino, con una población nacida en el extranjero que ha pasado de unos 10 millones en 2010 a casi 18 millones en la actualidad, lo que ya supera una quinta parte de la población del país. En la actualidad se dan proporciones similares en España, Bélgica, Austria y Suecia. Por su parte, países como Polonia se sitúan en torno al 2,6 %, frente a la media de la UE, que ronda el 14 %.
Si alguien quiere ver hacia dónde pretende llevar Bruselas a todo el continente, solo tiene que fijarse en España.
El 30 de junio finalizó el plazo de solicitud para uno de los mayores programas de regularización de la historia moderna de Europa. Cientos de miles de inmigrantes ilegales que vivían y trabajaban en España pasaron a poder optar por la regularización. La cifra final podría superar, en última instancia, el millón de personas.
Esta no es, ni mucho menos, la primera amnistía de España. Entre 1986 y 2005 se llevaron a cabo seis programas de regularización similares. Pero Europa era entonces un lugar muy diferente. Las presiones migratorias no se acercaban ni de lejos a la magnitud actual, y el equilibrio demográfico del continente aún no había comenzado a cambiar de forma tan drástica.
El presidente socialista Pedro Sánchez calificó la medida de "acto de justicia y una necesidad". Al no poder obtener la aprobación parlamentaria, su Gobierno modificó la ley de inmigración por decreto, tras el estancamiento de los intentos anteriores. Sánchez sostiene que España perdería el 19 % de su PIB para 2050 si la inmigración se redujera de forma significativa, al tiempo que afirma que casi la mitad del crecimiento económico de España desde 2022 ha sido impulsado por la inmigración.
La clase dirigente de Europa Occidental habla cada vez más como si la civilización pudiera medirse únicamente en función del PIB.
El crecimiento económico es importante. Pero también lo son la cohesión social, la confianza de los ciudadanos, la continuidad cultural y la identidad nacional. Una nación es más que una economía. Es una historia compartida y un sentido de pertenencia que no se pueden importar sin más.
Mientras tanto, las ONG activistas siguen ayudando a los migrantes ilegales a llegar a Europa y a tramitar los procedimientos de regularización. Sus simpatizantes lo califican de labor humanitaria. La realidad es otra: se trata de una infraestructura política transnacional que debilita la soberanía nacional, socava la protección de las fronteras y fomenta una mayor migración hacia Europa.
El precio que pagan los europeos cada día
Las consecuencias ya no son algo abstracto. En toda Europa Occidental, los ciudadanos se despiertan casi a diario con noticias de agresiones con arma blanca, violencia de bandas, agresiones sexuales, disturbios, delincuencia organizada y complots terroristas. Estas realidades se han vuelto imposibles de ignorar.
Europa también ha sido testigo de un resurgimiento profundamente preocupante del antisemitismo. Las comunidades judías de todo el continente han denunciado un fuerte aumento de los incidentes antisemitas, las intimidaciones y las amenazas, lo que ha llevado a muchos europeos a preguntarse cómo es posible que un continente que juró "nunca más" se vea ahora de nuevo enfrentado al odio.
En numerosas ciudades han surgido sociedades paralelas. Barrios enteros funcionan cada vez más según normas sociales y culturales que difieren notablemente de las del país de acogida. Agentes de policía, profesores y funcionarios locales reconocen abiertamente que la integración se ha vuelto mucho más difícil de lo que los políticos prometieron en su día.
Sin embargo, a los ciudadanos que plantean estas preocupaciones se les tacha con demasiada frecuencia de extremistas de derecha, en lugar de escucharles.
Ahora se abre otra frontera. Francia ha comenzado a debatir si se debería conceder a los residentes extranjeros no comunitarios el derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones municipales. Dicha propuesta afectaría a unos seis millones de personas. Entre otros países, Suecia, Finlandia y Luxemburgo ya permiten a muchos residentes no comunitarios votar en las elecciones locales o regionales.
La inmigración masiva ya no se limita a cambiar la demografía. Está reconfigurando la política, la cultura y, en última instancia, el carácter futuro de las sociedades europeas.
¿Un aire de cambio en Bruselas?
En junio, la UE adoptó su postura migratoria más dura hasta la fecha, con el objetivo de aumentar las deportaciones y establecer centros de detención fuera de la UE. Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca y Grecia ya están negociando centros de retorno con terceros países, principalmente en África, tras el acuerdo de Italia con Albania.
Cuando Bruselas comienza a adoptar políticas que condenó hasta hace poco tiempo, en la práctica está admitiendo que el modelo anterior ha fracasado.
Pero estas medidas apenas rozan la superficie del problema. Detener las llegadas ilegales de mañana no deshace décadas de migración descontrolada. No resuelve la fallida integración. No desmantela las sociedades paralelas. Y, desde luego, no restaura la confianza pública en que los gobiernos aún controlan sus propias fronteras.
Por eso la remigración se ha convertido en un tema cada vez más relevante en toda Europa. Sus defensores la describen como una estrategia a largo plazo destinada a revertir los flujos migratorios mediante medidas legales, económicas y administrativas, priorizando el retorno de los migrantes ilegales, la expulsión de los migrantes legales que cometen delitos graves o se niegan de manera constante a integrarse, y la recuperación de la soberanía nacional y la continuidad cultural.
Independientemente de la opinión que se tenga sobre el concepto, su creciente impulso político refleja una profunda pérdida de confianza en las políticas migratorias que han predominado en Europa durante la última década.
'El Gran Reemplazo' como una realidad
Tras la Cumbre de la Remigración celebrada en Oporto este mayo, activistas lanzaron la Ley Salvar Europa, la primera Iniciativa Ciudadana Europea de carácter patriótico dedicada a detener la migración, fortalecer las fronteras de Europa y proteger la identidad etnocultural de las naciones europeas.
La campaña ha recibido el respaldo de figuras como el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán, el líder de VOX Santiago Abascal, el rumano George Simion, el líder de Reconquête Éric Zemmour y políticos vinculados a AfD, FPO y otros movimientos patrióticos. Millones de europeos están exigiendo un rumbo fundamentalmente diferente.
Uno de los argumentos principales esgrimidos por estos líderes es que el 'Gran Reemplazo' no es una teoría conspirativa, sino una tendencia demográfica observable —y un proyecto político—.
La presión procedente de la América de Donald Trump se ha convertido en una de las pocas fuerzas externas que animan a los líderes europeos a redescubrir la importancia de las fronteras, la soberanía y la identidad nacional.
Europa occidental se asemeja cada vez más a un proyecto político pos europeo, mientras que gran parte de Europa central y oriental continúa resistiéndose a esa trayectoria, al mantener una mayor homogeneidad cultural y una mayor determinación de preservar su identidad histórica.
El resto del mundo entiende este instinto de manera intuitiva. China protege sus fronteras. Japón protege sus fronteras. India protege sus fronteras. Los Estados del Golfo protegen sus fronteras. Todo Estado serio reconoce que controlar la migración es un atributo esencial de la soberanía y la seguridad. Los europeos deberían dejar de disculparse por esperar lo mismo.
Alianzas equitativas en lugar de paternalismo
Al mismo tiempo, defender las fronteras de Europa no debería significar darle la espalda al resto del mundo. Europa debería replantear de manera profunda sus relaciones con África, Asia y otras regiones. En lugar de exportar la ideología liberal, la ingeniería social y política y las agendas 'woke', los gobiernos europeos deberían concentrarse en ayudar a los países socios a abordar las causas objetivas de la migración: el subdesarrollo económico, la inseguridad, la debilidad de las instituciones y la falta de oportunidades que obliga a millones de personas a buscar un futuro en otro lugar.
Esa cooperación debería basarse en el respeto mutuo, no en el paternalismo. Unas naciones africanas y asiáticas más fuertes benefician a todos. Ayudar a las personas a construir una vida próspera y segura en sus propios países es más sostenible que fomentar la pérdida permanente de sus generaciones más jóvenes y ambiciosas a través de la migración masiva. Europa debería ser un socio para el desarrollo, no un imán para el desplazamiento demográfico.
La disyuntiva a la que se enfrenta Europa va, por tanto, más allá de la mera política de inmigración. Se trata de elegir entre un continente que se gobierna a sí mismo y otro que se deja llevar por las corrientes demográficas y políticas.
El reloj demográfico no se detiene. Cada año las cifras aumentan. Cada año, la clase política pide a los europeos que acepten otra excepción, otra amnistía, otra concesión, otra capitulación.
Llega un momento en el que toda civilización debe decidir si sigue teniendo la confianza necesaria para preservarse y desarrollarse. Europa se está acercando rápidamente a ese momento.
Por Ladislav Zemánek, investigador del Instituto China-CEE de la Academia China de Ciencias Sociales en Budapest.
